En el juicio de los frailes

 

Como seguramente ustedes recuerdan, uno de los episodios más negros de la Revolución de Octubre fue el asesinato de 14 inocentes, escogidos entre los que permanecían recluidos desde los inicios del movimiento en la Casa del Pueblo de Turón. Se ha escrito mucho sobre los motivos que llevaron a cometer aquella barbaridad, criticada enseguida por la mayoría de sus compañeros y por todos los dirigentes revolucionarios, y también sobre el motivo por el que se eligióa las víctimas, respetando a otros detenidos entre los que había más personas con las mismas características: también vinculadas a la dirección de la empresa Hulleras de Turón, a las derechas del valle e incluso otros tres sacerdotes de la zona, que no fueron sacados de su celda.

Resumiendo los hechos, en la noche del 8 de octubre de 1934, fueron fusilados en el cementerio de Turón 8 hermanos de la Doctrina Cristiana, docentes en el colegio que la orden de La Salle tenía en la localidad; un padre pasionista del Convento de Mieres, que había subido hasta allí para decir misa en el mismo colegio, y dos oficiales de carabineros. Seis días más tarde, se sumaban a esta lista el director de Hulleras de Turón Rafael del Riego; Candido del Agua, jefe de los guardias jurados de la empresa, y César Gómez, corresponsal de Región, significado por sus simpatías hacia la extrema derecha.


Se sabe que la decisión del primer fusilamiento fue tomada en una reunión del Comité revolucionario de Turón con la única oposición del dirigente de las Juventudes Socialistas Fermín López y del concejal Leoncio Villanueva, responsable del triángulo masónico que funcionaba en la localidad, y según algunos testimonios, ante la falta de voluntarios en la localidad para formar el piquete de ejecución, sus integrantes tuvieron que ser reclutados en Mieres y Santullano. En cuanto a lo ocurrido seis días más tarde, nunca quedó claro si se debió a una venganza personal de alguien a quien se le había negado trabajo en la empresa o a una respuesta en caliente cuando se conoció la matanza que el día anterior había realizado la Legión en el barrio ovetense de Villafría.




Pero como estas cosas pueden leerlas en otra parte y mi espacio es corto, hoy voy a traerles a esta página algo que creo que es más difícil que conozcan: cómo se desarrolló la primera jornada del juicio, que se inició en Oviedo el 17 de junio de 1935, para dirimir las responsabilidades de los 65 detenidos por aquella acción, porque lo que se dijo en esas horas puede ayudar a que nos formemos una idea de lo que realmente ocurrió en Turón.
 

El proceso se desarrolló en medio de una gran expectación y con la asistencia de varios periodistas extranjeros, ya que en otros países se estaba desarrollando una campaña a favor de la puesta en libertad de los detenidos y el tribunal estuvo formado por el teniente coronel Leandro Tamargo y cuatro capitanes; actuando como ponente el teniente auditor Félix Fernández Tejedor y como fiscal Joaquín Portillo. Mientras que en la defensa hubo nueve abogados y otros cuatro capitanes.

La primera jornada se inició leyendo el relato de los hechos acaecidos en octubre y a continuación comenzaron las declaraciones de los numerosos testigos, que con más o menos detalle, coincidieron en identificar a los ejecutores y en afirmar que quienes habían tenido la máxima responsabilidad de lo sucedido eran Silverio Castañón, socialista y Jefe del Comité de Turón; Amador Fernández Llaneza; Ceferino Álvarez Rey y José García Álvarez.

Cuando le llegó el turno a los inculpados, Silverio Castañón, reconoció los hechos, afirmando que él había formado parte del pelotón encargado del fusilamiento de los frailes y los carabineros, junto a Servando García Palanca y otros diez desconocidos, llegados desde Mieres junto a Nazario Álvarez y que éste también había sido su compañero cuando obligaron al cajero de Hulleras de Turón a entregar las 70.000 pesetas que se guardaban en la caja de la empresa. Por su parte, los acusados Amador Fernández y Servando García también confirmaron su participación en el segundo fusilamiento, añadiendo éste que, una vez consumada la acción, había quedado con el reloj y un lápiz del ingeniero Rafael del Riego y que la orden de disparo la había dado Nazario Álvarez.


Más testigos confirmaron este dato, extendiéndose además en detalles sobre el asalto al cuartel de la Guardia Civil de la localidad y dando listas de los que habían intervenido en otros hechos violentos de los días revolucionarios, destacando entre los que subieron al estrado la declaración del gerente de la empresa Eduardo Merello que quiso dejar constancia de la crueldad y el mal trato que habían recibido en términos generales quienes estuvieron en prisión junto a los fusilados.

Cuando les llegó el turno a los abogados defensores, se leyeron primero sin problemas varios escritos de vecinos de Turón exculpando a algunos de los detenidos porque habían estado con ellos las dos noches, pero cuando se pretendió acompañar otros documentos en los que los propios acusados afirmaban haber sido torturados en prisión -entre ellos Fermín López y Silverio Castañón, quienes aseguraban que varios parientes de los fusilados habían sido invitados a participar en las torturas- se produjo un incidente con el fiscal, que se opuso al considerar que estos ya habían hecho su correspondiente declaración.



En este punto, siendo ya las dos del mediodía, el presidente del tribunal exigió respeto a uno de los abogados que había exigido un descanso alegando que él no estaba allí “a jornada”, pero finalmente la causa se suspendió hasta las cuatro.
 

Ya por la tarde, se reanudaron los testimonios, que por espacio de dos horas se refirieron al asalto al cuartel de la Guardia Civil adonde los revolucionarios habían llevado a Rafael del Riego y Candido del Agua para que parlamentasen con los guardias. Según José Hernández, hijo del comandante del puesto, que resultó muerto en la acción, el asalto se produjo por sorpresa después de que los mineros se hubiesen comprometido a respetar el edificio y a sus moradores. Otro guardia, que pudo sobrevivir, corroboró lo mismo, dando además una relación de los revolucionarios que había podido identificar y después de un nuevo rifirrafe con la defensa, que advirtió alguna contradicción en los testimonios, volvió a detenerse el proceso durante media hora para que subiesen al estrado más personas que habían compartido prisión en la casa del Pueblo junto a los fusilados.

El primero en intervenir, ya a las seis y media, fue Luís Bertier, ingeniero de la empresa, quien quiso exculpar a Leoncio Villanueva, manifestando que le había visto salvar a un sacerdote y a un guardia civil; también Enrique Menéndez Pelayo, que estuvo en aquella celda, aseguró haber oído lo mismo y el resto de los llamados a declarar se limitaron a confirmar nombres y datos que ya se habían escuchado.

Uno de los testimonios más esperados fue el de Esteban Martín Colodrón, el sepulturero del cementerio, “hombre de unos sesenta años, fornido, alto, moreno”. Se trató sin duda del testigo clave de lo ocurrido y su relato se siguió con atención. Empezó contando como recibió la orden de Silverio Castañón para que estuviese aquella noche a la puerta del camposanto, siguió diciendo que desde allí pudo ver llegar a los frailes, acompañados por el propio Silverio y José García “Casín”, que luego vio entrar a la triste comitiva, escuchó la descarga y un par de tiros de gracia y finalmente cumplió su cometido cuando le mandaron pasar para enterrar, ayudado por otros cuatro hombres, a los once muertos en una fosa que ya estaba preparada al efecto. También afirmó que fue igualmente quien se encargó posteriormente, el día 14, de dar sepultura a los otros tres fusilados.

El enterrador no ahorró los detalles sórdidos, que luego fueron repetidos en las publicaciones que han tratado este asunto y aportó detalles interesantes, como el de que, al contrario de lo que se había dicho, cuando él vio el cadáver de Rafael del Riego y le limpió la cara con un paño, no presentaba ninguna mutilación. Con su declaración finalizóaquella jornada y el juicio quedó pendiente hasta las nueve de la mañana del día siguiente; con ella finaliza también esta crónica, escrita 75 años después, cuando puede empezar a romperse el silencio sobre estos hechos que con el tiempo han dejado de ser una herida abierta, para acabar convirtiéndose sólo en historia. En nuestra historia.
 

Finalmente, el 23 de junio, el juez dictó 7 penas de 12 años; 36 hombres fueron condenados a reclusión perpetua y Fermín López, Silverio Castañón, Servando García y Amador Fernández Llaneza a la pena de muerte; los otros 18 acusados fueron absueltos. Las penas capitales nunca llegaron a ejecutarse y todos los presos salieron a la calle tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Por su parte, la Iglesia católica canonizó en 1999 a los nueve religiosos fusilados. Entre los ocho Hermanos de La Salle había un argentino, que se convirtió en el primer santo de esta nación.

© Ernesto Burgos, enero de 2012